El artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción tiene por objeto el establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas al mismo, a los fines de salvaguardar el patrimonio público y garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas, responsabilidad y corresponsabilidad consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En este contexto, el Título II: DE LAS SANCIONES, Capítulo I, De las Sanciones Administrativas y su Procedimiento; y el Capítulo II: De las Medidas Preventivas, del referido Decreto Ley, establecen las sanciones y medidas preventivas que con motivo de la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio y su verificación deban aplicarse:

Multas impuestas - Artículo 33 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción establece el procedimiento administrativo sancionatorio, mediante la imposición de multas que oscilan entre 50 y 500 U.T., ante conductas subsumibles en los supuestos de sanción previstos en los once (11) numerales del artículo 33 del citado Decreto Ley, independientemente de otras responsabilidades a que hubiere lugar. Al respecto, la cuantía de la sanción de multa se hace sobre la base del fundamento normativo establecido en el artículo 37 del Código Penal, la cual se reducirá hasta el límite inferior o se aumentará hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie.

Funcionarios multados por la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio

Medidas preventivas previstas en el Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción (ARTÍCULOS 38 y 39)

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción le atribuye al ciudadano contralor general de la República, en sus artículos 38 y 39, la potestad para adoptar las medidas de suspensión sin goce de sueldo e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un período de hasta doce (12) meses, a aquellos funcionarios o servidores públicos que se encuentren en alguno de los supuestos expresamente tipificados en los referidos preceptos legales.