Es un sistema conformado por un conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que, integrados bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, interactúan coordinadamente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos entes y organismos del sector público, así como también al buen funcionamiento de la Administración Pública.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 290 (Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinaria del 19/02/09).

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Artículo 4 y Capítulo I del Título II (Gaceta Oficial Nº 37.347 del 17/12/01)

Reglamento de Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Capítulo II (Gaceta Oficial Nº 39.240 del 12/08/09)

Normas para el Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de Control Externo e Interno (Gaceta Oficial Nº 36.229 del 17/06/97)

Nota: Esta base legal puede ser consultada en la sección Base Normativa de esta página.

• Fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente su función de gobierno.
  
• Lograr la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del sector público y,


• Establecer la responsabilidad por la comisión de irregularidades relacionadas con la administración, manejo o custodia de bienes o fondos públicos, por parte de los órganos y entes públicos y de las personas jurídicas o naturales que señala la Ley.

• La capacidad financiera y la independencia presupuestaria de los órganos encargados del control fiscal, que le permitan ejercer eficientemente sus funciones.
• El apoliticismo partidista de la gestión fiscalizadora en todos los estratos y niveles del control fiscal.
• El carácter técnico en el ejercicio del control fiscal.
• La oportunidad en el ejercicio del control fiscal y en la presentación de resultados.
• La economía en el ejercicio del control fiscal, de manera que su costo no exceda de los beneficios esperados.
• La celeridad en las actuaciones de control fiscal sin entrabar la gestión de la Administración Pública.
• La participación de la ciudadanía en la gestión contralora.