Publicado en Correo del Orinoco el 23 de febrero de 2017
 
En el Tribunal Supremo de Justicia
Contralor general presentó una acción de amparo constitucional contra el desacato de la Asamblea Nacional

La CGR procederá en las próximas horas a notificar al presidente de plazo vencido de la AN, Henry Ramos Allup, vía cartel de notificación

El contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, presentó una acción de amparo constitucional ante el Máximo Tribunal de la República solicitando que el Poder Legislativo por órgano de la Asamblea Nacional (AN), en sede administrativa, permita la instalación de la auditora interna interventora designada por el Máximo Órgano de Control, licenciada Mayrén Ríos Díaz, por cuanto al no dejarla tomar posesión del cargo se violenta de manera flagrante, quizás por desconocimiento, omisión o intención, un derecho fundamental.

“Hemos presentado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una acción de amparo constitucional contentiva de una medida cautelar por cuanto fue intervenida la Dirección de Auditoría Interna de la AN y se ha obstaculizado la toma de posesión de la auditora interventora, Mayrén Ríos Díaz. El Tribunal Supremo de Justicia tiene un lapso de 48 horas para tomar una decisión y obligar a la AN a recibir a la auditora interventora. Además, es importante destacar que, conforme con lo establecido en el artículo 289 constitucional, el cual establece las atribuciones de la Contraloría General, y las atribuciones que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal confieren de manera exclusiva y excluyente al contralor general, se decidió intervenir la Dirección de Auditoría Interna de la AN, destituir al auditor interno interino, David Solórzano Higuera, de manera directa y sin necesidad de procedimiento previo alguno, por tratarse de un auditor interno interino”, afirmó el contralor general.

El actual presidente de plazo vencido de la AN, Henry Ramos Allup, ha puesto obstáculos que no han permitido notificarlo de manera personal sobre la intervención de la Dirección de Auditoría Interna y la exigencia a la presentación de documentos que interesan a la CGR, tal como lo establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Es evidente que las actuaciones desplegadas por la Asamblea Nacional y sus funcionarios demuestran la materialización de vías de hecho, abstenciones u omisiones que pudieran devenir en daños patrimoniales a la República, al impedir que el contralor general de la República ejerza, por una parte, las funciones de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como las operaciones relativas a los mismos, y por la otra, el control de gestión y evaluación del cumplimiento y resultados de las decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sujetos al Máximo Órgano de Control Fiscal, el cual siempre ha trabajado apegado a la moral, a la ética y a las leyes.

El cometido asignado a la Contraloría General de la República para cumplir con los fines del Estado no es otro que el de procurar que la gestión y el gasto público se ajusten a la Constitución y a la ley, mediante el establecimiento de un sistema de control fiscal que supone inexorablemente la imposición de correctivos y las medidas sancionatorias en aquellos casos que atenten contra el patrimonio público o el buen funcionamiento de la Administración Pública.

Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas contar con funcionarios idóneos, capaces de ejercer las funciones de control, lo que coadyuva a la buena gobernanza. Es importante resaltar que la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela cumple con el mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por ende, sostuvo el contralor, “el amparo constitucional no fue a capricho, sino actuando en el marco de la ley”.

Volver al indice
   
Mapa del sitio    Contáctanos
Avenida Andrés Bello, Edificio Contraloría General de la República. Caracas - 1050, Venezuela.
Central telefónica: [58212] 508.31.11 - 508.30.00
RIF: G-20000026-0