Jueves, 21 de febrero de 2019
 
Aseguró el Contralor General, Elvis Amoroso
Servidores públicos no pueden recibir recursos fuera del marco legal

Prensa CGR.- Este jueves, el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, informó que las investigaciones que adelanta el Máximo Órgano de Control Fiscal contra el diputado en desacato Juan Guaidó continúan su curso y se están haciendo los enlaces necesarios con las instituciones competentes para analizar las pruebas que determinarán si este falseó datos en su Declaración Jurada de Patrimonio y recibió dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin justificarlo.

Amoroso recordó que ningún servidor público puede recibir recursos fuera de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el marco jurídico venezolano, haciendo especial énfasis en que “las diputadas y diputados a la Asamblea Nacional son a dedicación exclusiva del Poder Legislativo y no pueden tener otro tipo de ingresos”.

Consideró que es lamentable que un diputado le mienta al país y a sus seguidores sobre la transparencia de sus actos, su gestión y su Declaración Jurada de Patrimonio. “Cuando tengamos todas las pruebas, las presentaremos a la opinión pública nacional e internacional, porque es bueno desenmascarar a quienes reciben recursos con la firme intención de desestabilizar nuestro país”, indicó.

Elvis Amoroso ratificó que los venezolanos no pueden permitir, bajo ninguna circunstancia, la intervención de la Patria, menos cuando funcionarios están utilizando la situación política y económica del país “para hacerse multimillonarios, vivir fuera de Venezuela como príncipes y burlarse del pueblo”.

Sobre ese particular, manifestó que todo funcionario que se empeñe en recibir recursos o algún tipo de financiamiento fuera del marco legal será penado de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción y demás instrumentos normativos que establecen sanciones que van desde 15 años de inhabilitación hasta sanciones penales, según sea el caso.

Cabe destacar que estas declaraciones fueron emitidas por el Contralor Elvis Amoroso en el contexto de la firma de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y Académica entre la Contraloría General de la República y la Universidad Católica Santa Rosa.

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