Servidores y servidoras de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela se trasladaron hasta las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia para realizar el acompañamiento y prestar asesoramiento técnico a las máximas autoridades y personal con cargos de alto nivel y de confianza del Poder Judicial del país.

A la jornada, realizada este martes 29 de julio, asistió el contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Gustavo Vizcaíno Gil, quien destacó la importancia de esta asesoría del equipo de la CGR en el Tribunal Supremo de Justicia para la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio, mecanismo establecido en la Ley Contra La Corrupción.

"El llamado es acudir a realizar la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio; quedan pocos días, en menos de diez minutos pueden cumplir con su deber", comentó el máximo representante de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela y rector principal del Sistema Nacional de Control Fiscal.

En su intervención, la magistrada y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Dra. Caryslia Beatriz Rodríguez, agradeció el gran apoyo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela con esta jornada.  "Hoy estamos complacidos, todo el personal del Poder Judicial agradecemos este apoyo y acompañamiento de la Contraloría General para darle cumplimiento a la obligación de todos los servidores y las servidoras caracterizados en el cargo de alto nivel y de confianza; hoy han hecho una extraordinaria labor", señaló Rodríguez desde la sala de conferencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Por otra parte, el equipo asesor de la Dirección General de Procedimientos Especiales de la CGR atendió a diferentes servidoras y servidores públicos como magistrados, jefes de departamentos, consultores jurídicos, abogados, analistas, directores y secretarios de sala.

La actualización de la Declaración Jurada de  Patrimonio de este año 2025 finaliza este próximo 31 de julio y se realiza anualmente como una  herramienta  que permite    expresar los bienes, derechos y obligaciones familiares por parte de las máximas autoridades y personal con cargos de alto nivel y de confianza de la Administración Pública Nacional, cumpliendo de esta manera la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela con su deber de velar por la buena gestión pública y de vigilancia del correcto uso del patrimonio venezolano.