El contralor general de la República, quien es rector del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) y miembro del Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del Poder Ciudadano, destacó que el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “le da la potestad al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la Sala Constitucional, de ser el máximo y último intérprete de la Carta Magna”. Por lo tanto, explicó, las sentencias emanadas de la sala Constitucional del TSJ son de carácter vinculante para las demás salas y todos los demás tribunales de la República, que deben acatarlas de manera obligatoria. La aseveración la hizo en la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, donde presentó su ponencia Constitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente a servidoras y servidores públicos de CORPOELEC, y a la cual asistió el viceministro para el Desarrollo del Sector y la Industria Eléctrica, Freddy Claret Brito Maeste.

En otro orden de ideas, el Dr. Galindo Ballesteros señaló que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sí asistió a la reunión en la que se discutió la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, resaltó que seguirá insistiendo con la solicitud de un careo de los tres miembros del Consejo Moral Republicano y la exsecretaria del referido consejo, María José Marcano Bermúdez: “Debe ser un careo público, con juzgadores que estén presentes y tomen una decisión sobre si decimos o no la verdad que hemos demostrado el día de la audiencia”, dijo el contralor general. También afirmó: “Tengan por seguro todos los poderes, todas las máximas autoridades, todo el pueblo de Venezuela, que el Poder Ciudadano sigue firme y seguirá firme ante cualquier adversidad”.