El contralor general de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, culminó este viernes 21 de julio de 2017 su ciclo de ponencias Constitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, en el edificio sede del Máximo Órgano de Control Fiscal del país, y reiteró que, como uno de los poderes constituidos del Estado, su intención con estas conferencias, que abarcaron el territorio nacional a través del Sistema Nacional de Control Fiscal, es de carácter pedagógico y cooperativo con el Poder Ejecutivo en su búsqueda perenne de consolidar los fines del Estado, que de acuerdo con lo contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 136 se resumen en lograr y sostener el bienestar nacional.

En su intervención, luego de la de su equipo técnico-jurídico liderado por el director general de Procedimientos Especiales, Dr. Antonio Meneses, y el director general de Consultoría Jurídica, Dr. José Leonardo Sanzone, recordó que dicha iniciativa solicitada por el primer mandatario, Nicolás Maduro Moros, es totalmente legal, y que el pueblo venezolano, como poder originario tal y como lo expresa el texto constitucional, ejerce y protagoniza la soberanía popular, participativa, protagónica y democrática.

El contralor general sostuvo que con la ANC no desaparecerá la Constitución del año 1999 y que por el contrario con una renovada Carta Magna se dará rango constitucional a las conquistas logradas por el pueblo.

“En Venezuela no existe ni existirá una lucha de poderes: existe es una división de poderes bien constituidas. Lo que existe en Venezuela es la falta de cooperación obligatoria entre algunos poderes para con el Poder Ejecutivo […] Nosotros no hacemos política, nosotros prevenimos y luego sancionamos si no se corrige, no perseguimos. Estamos en un país democrático con libertad de expresión, pero eso no supone apologías al terrorismo. Por ello, llamo a la paz, al diálogo y al respeto, y a que todos los poderes constituidos colaboremos con el Poder Ejecutivo”, alegó desde la tribuna constituyente de la CGR como crítica al Poder Legislativo como al Ministerio Público, por no cooperar con el jefe de Estado en beneficio de la patria.

El contralor general informó que el nuevo proceso administrativo que se le sigue al MP por entorpecer la actuación de los funcionarios acreditados de la CGR que se dirigieron tanto a su sede principal como a las 23 Fiscalías Superiores del país para notificarles sobre la actuación fiscal que se le aplica, acorde con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, les será notificado formalmente en los próximos días. “Se les garantizará el debido proceso y el derecho a la defensa, y de hallar indicios en el proceso estarán sujetos a multas, reparo y hasta inhabilitación como sanción accesoria hasta por 15 años”, indicó el titular de la CGR.

Respecto a la investigación que le propuso iniciar la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia respecto al uso del avión utilizado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que tenía medida de aseguramiento, dijo: “Si el TSJ insta a que se haga una averiguación nosotros tenemos la obligación constitucional de dar apertura a esa investigación”.